El trabajo evalúa la jurisprudencia de amparo económico en la última década (20012012), identificando los tres grandes déficits que le han restado eficacia. Los dos primeros, ya han sido abordados por la doctrina, y se les somete a nuevo examen. Tales son la reducción del ámbito de la acción al solo inciso segundo del artículo 19 N° 21 y la limitación de la sentencia al efecto declaratorio de mera certeza. A lo anterior se suma un tercer déficit que consiste en la formulación inadecuada de la denuncia. Es habitual que los denunciantes no consideren con suficiencia que el derecho a desarrollar una actividad económica debe "respetar las normas legales que la regulen", lo que predetermina los resultados negativos del fallo.